El Ayuntamiento de Madrid cumple con su promesa y compromiso de Gobierno al dar un paso en firme con el desbloqueo de los desarrollos del Sureste.
Atendiendo a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que señalan que el Plan Director no se ajusta a la legalidad vigente, el Ayuntamiento ha procedido al desistimiento de los recursos de casación interpuestos por el anterior Equipo de Gobierno, ya que lo considera conveniente para la salvaguarda de los intereses generales de todos los madrileños.
Gracias a este anuncio se recupera una estabilidad fundamental para atraer inversores y facilitar la financiación de los proyectos y, en consecuencia, beneficiar en gran medida a los demandantes de vivienda.
Javier López Linares, gerente de la Junta de Compensación de Los Cerros “se trata de un paso muy importante pues, aunque se estén produciendo avances en los desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales, es fundamental acelerar las tramitaciones también en Los Cerros y Valdecarros para poner freno a la escalada de precios de la vivienda en la capital”.
El Sureste de Madrid se alza como la solución para poner freno a la escalada de los precios en la capital.
En palabras de Mauricio Fernández de Clerck, Gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros, “es imprescindible el desarrollo completo de la Estrategia del Este, ya que los ámbitos que la componen comparten importantes infraestructuras comunes. Por otra parte al desarrollarse todos los sectores por Etapas se asegura que la ejecución de los trabajos se pueda acompasar a las necesidades reales del mercado, lo que evitará tensiones en los precios y a la vez el efecto de ciudad vacía”.
Con este desbloqueo, el Ayuntamiento no solo responde a la necesidad de impulsar la construcción de vivienda protegida en Madrid al recuperar desarrollos como el de Valdecarros y Los Cerros donde se ubican cerca de 66.000 viviendas (54% de protección), siendo propietarios el Ayuntamiento y la Comunidad de suelo para construir cerca de 18 mil viviendas, sino que también evita una posible reclamación al consistorio por responsabilidad patrimonial que podría ascender a 1.500 millones de euros.
